Fuente: DiarioUchile


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La violencia traspasó este fin de semana otra línea más. La violencia que tiene como objetivo el sufrimiento, la tortura, la mutilación o la muerte. La violencia verdadera y brutal, y que es dañina en cualquier grado o forma.

Como los humanos portamos cuerpos aptos para ejercerla o padecerla, no se la pudo nunca desterrar de la vida social, sino solo domesticar. Es así como se llegó a distinguir entre violencia legítima e ilegítima, y a la convicción de que debe mediar algún tipo de acuerdo normativo para poder distinguirlas y aceptarlas. Entre ambas se trazó una línea y se prohibió el paso.

En las últimas semanas en Chile no solo se hizo costumbre cruzarla despreocupadamente, sino que hay quienes reclaman para sí el derecho de alejar la línea tanto como les convenga. Parece que no se necesita el acuerdo de la ciudadanía, sino solo una amenaza hipotética para calzarse el chaleco reflectante y salir a disparar a la calle; para usar el uniforme policial y apuntar a la cara de las personas que están manifestándose; o para robar e incendiar todo lo que parezca ajeno y que esté a la mano.

Cuando el gobierno permite por varias semanas el uso de armas contra la ciudadanía y luego solamente lamenta sus “efectos colaterales”; cuando permite las torturas, violaciones y mutilaciones de la policía contra los manifestantes y luego abandona a los mismos policías que autorizó en manos del poder judicial; cuando mira con templanza a sus ciudadanos convertirse en vigilantes y luego les presenta querellas por hacer aquello que se les permitió hacer; cuando manipula información (y quizá evidencia) acerca de los desmanes en las calles y luego hace llamados a la paz; y cuando nos presenta toda esa hipocresía con una pasmosa naturalidad, entonces lo que dice a la ciudadanía es que el gobierno no sabe donde está la línea que separa la violencia legítima de la ilegítima. Si queremos que la mayoría pacífica condene a la minoría violenta y que los que tienen el monopolio legítimo de las armas se sometan a quienes poseen el monopolio de la legitimidad, entonces debe haber un cambio radical en la situación actual.

Se puede defender al gobierno alegando que fue elegido democráticamente y que el procedimiento legal consagra su legitimidad. La legalidad es ciertamente la única manera de asegurar a largo plazo la legitimidad, pero legalidad sin legitimidad es mera facticidad del poder.

Los gobiernos pueden atenerse a las leyes y seguir siendo ilegítimos. No se debe olvidar que la legitimidad de un plebiscito es fruto de un acuerdo ciudadano que luego se formaliza en leyes, pero ese acuerdo se puede revocar y la ciudadanía es quien tiene la potestad para hacerlo cuando el gobernante ha excedido sus atribuciones o las ha abandonado. Entonces el pueblo puede pedir un nuevo gobernante o un cambio radical en las reglas que hacen legítimo su poder.

La ciudadanía ya lo sabe y ha demostrado tener más inteligencia que todos los años de estudio que se puedan sumar en certificados de miembros del gobierno y sus asesores. La gente ya está diseñando sus acuerdos, se está expresando, está escuchando, está aprendiendo y enseñando. Está legislando. Mientras tanto, el gobierno pide más diálogo, pero luego se comporta como un Leviatán al que solo le queda la fuerza y el fraude, pues la legitimidad la olvidó cuando decidió ignorar la línea que la ciudadanía le confió en proteger.

El autor es académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

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