Fuente: Diario UNO

Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón
Foto: Pedro Olaechea. Diario UNO

Ante la inminente toma del Tribunal Constitucional (TC) por parte del fujimorismo, y considerando el antecedente de blindajes y boicot a la reforma de justicia, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, indicó que el país se encuentra en un golpe de Estado dado por el fujimorismo. “Estamos frente a una suerte de golpe institucional del Congreso frente a otros poderes del Estado, al pretender coparlos y alinearlos a los intereses del fujimorismo. En la práctica es un golpe perpetrado desde el propio Congreso de la República”, afirmó.

“Es claro que la intención de copar los poderes del Estado es para garantizarse impunidad para actos delictivos cometidos por miembros de diferentes fuerzas políticas; está el caso de Alan García con Odebrecht, el financiamiento de Fuerza Popular y las investigaciones a su exsecretario general Joaquín Ramírez. Estamos frente a fuerzas políticas que actúan como bandas criminales”.

BUSCAN UN TC LEAL AL FUJIAPRISMO

Además, cuestionó que sea este Congreso “sin legitimidad y que ha blindado corruptos” el que tenga que nombrar a los miembros del TC para los próximos 7 años. “El TC es fundamental para el sistema de justicia del país, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero pretenden nombrar a un conjunto de miembros que se van a deber más a las lealtades políticas a Fuerza Popular y al Apra antes que a los ciudadanos”, indicó.

Bracamonte calificó de “nueva repartija” el intento del fujimorismo por tomar el TC. “No se puede politizar las instituciones públicas como descaradamente lo hace el fujimorismo y sus aliados. Los ciudadanos tenemos que salir a protestar porque no es posible que el Congreso llegue a tal nivel de cinismo y atente contra una institución que debería estar fuera de toda mancha de estar comprado por los partidos políticos mayoritarios del Congreso”, señaló.

Por otro lado, indicó que “el presidente Martín Vizcarra no puede pretender que el diálogo se abra exclusivamente con el Congreso y su presidente Olaechea”. “Él debe convocar a un diálogo nacional, el país requiere construir consensos para avanzar hacia una transición para fortalecer las instituciones del Estado acechadas por las fuerzas criminales, pero además avanzar en reformas que garanticen bienestar para los ciudadanos”, agregó.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Respecto a las innumerables sugerencias de diversos analistas y actores políticos que piden al Presidente plantear ya la cuestión de confianza, Bracamonte recordó que “desde la Coordinadora Nacional de DDHH hemos dicho que el Presidente debe plantear la cuestión de confianza por la propuesta de adelanto de elecciones, no podemos estar sometidos al chantaje de un Congreso cuya mayoría lo ha conducido al absoluto desprestigio y falta de legitimidad”.

Finalmente, coincidió con el parlamentario Marco Arana respecto a solicitar el pronunciamiento de instancias internacionales. “Será importante contar con las opiniones de la relatoría sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones sí tienen carácter vinculante porque son parte de nuestro ordenamiento constitucional, por los tratados suscritos y ratificados por el Perú”, indicó.

VIZCARRA TIENE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, advirtió que “se ha constituido un poder paralelo por parte del fujimorismo y esto se ha consolidado en gran medida por la vacilación del presidente Vizcarra”. “Toda esta telenovela que se ha hecho alrededor del adelanto de elecciones, desde el comienzo estaba claro que iba a tener la obstrucción de la mayoría fujimorista”, indicó.

Otta consideró que “se han perdido dos meses valiosos, pues con la disolución del Congreso (luego del mensaje presidencial del 28 de julio) ahora ya estaríamos convocando a elecciones”. “Es evidente que la respuesta del fujimorismo ya está definida, van a votar en contra y por eso apuran el cambio del TC”, añadió.

MOVILIZACIÓN ÚNICA SALIDA

“El Presidente confunde sondeos con movilización popular; que haya un 80% de repudio al Congreso no significa que exista un movimiento social combativo y organizado. Lo que le queda a la ciudadanía es salir a las calles, lograr una gran movilización social que obligue a materializar ese pedido de que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo, que también sirve a transnacionales”, concluyó.

 

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