Fuente: RPP

La doble maldición de los recursos naturales abundantes

La explotación racional de sus abundantes recursos naturales puede servir como palanca para el desarrollo del Perú si contrarresta los efectos regresivos. Pero la explotación ilegal de los mismos debe ser combatida sin tregua, pues erosiona la institucionalidad democrática, y siembra corrupción y violencia.

Oscar Schiappa-Pietra
Oscar Schiappa-Pietra

 

Desde la década de 1970 viene sosteniéndose globalmente que la abundancia de recursos naturales suele tener efectos regresivos sobre los procesos de desarrollo nacional, evidenciados en el bajo rendimiento económico y en diversas variables sociopolíticas, incluyendo de modo significativo su impacto catalizador de corrupción. Desde entonces, los estudios en torno a la teoría de la “maldición de los recursos naturales abundantes” (MRNA) se han expandido significativamente. Se sostiene que los países ricos en recursos naturales abundantes tienden a experimentar un crecimiento más lento que los países que carecen de ellos.

Sin embargo, a pesar de la evidencia documentada que tiende a confirmar la teoría de la MRNA, sigue abierta la discusión sobre el porqué de esta paradoja. Un estudio sugiere que los países ricos en recursos tienen más probabilidades de ser autoritarios y esto podría ser una causa de un crecimiento más lento. Diversos otros estudios encuentran una correlación negativa entre el grado de abundancia de recursos naturales y la generación de conocimiento, la participación de la inversión en la producción, la eficiencia en la gestión macroeconómica de los estados y de la gestión pública en general, el progreso técnico, la acumulación de capital humano, y en general el desarrollo socioeconómico de los países.

La abundancia de recursos naturales puede facilitar la corrupción, pero su ocurrencia depende en definitiva de la calidad de las instituciones democráticas.
La abundancia de recursos naturales puede facilitar la corrupción, pero su ocurrencia depende en definitiva de la calidad de las instituciones democráticas. | Fuente: Andina

 

En los últimos años ha habido un cambio de razones económicas a políticas y político-económicas para explicar la MRNA. Según este enfoque, los problemas económicos relacionados con la abundancia de recursos naturales son exagerados, y los problemas de corrupción y gobernanza dentro de las instituciones públicas son las fuerzas impulsoras de la MRNA. Mientras los enfoques teóricos se centraron inicialmente en los efectos de la MRNA como fuente de la llamada “enfermedad holandesa”, progresivamente se ha ido redefiniendo el problema hacia la identificación de arreglos institucionales deficientes que conduce a resultados sociales subóptimos.

Existen evidencias empíricas y estudios demostrando que los recursos naturales (hidrocarburos y minerales) están negativamente asociados con los indicadores de desempeño democrático, y que que la riqueza petrolera inhibe fuertemente las transiciones democráticas en los estados autoritarios. Otros estudios también han relacionado la abundancia de recursos naturales con los riesgos de inestabilidad política y guerra civil.

Como está ampliamente expuesto empírica y teóricamente, la MRNA propicia conductas rentistas, lo cual en sí no es necesariamente ilegal. Pero la corrupción emerge cuando se intensifican las conductas rentistas hasta cruzar la frontera hacia la ilegalidad. Cuando existe abundancia de recursos naturales, la extensión de la corrupción es un resultado combinado de esa variable, de las políticas gubernamentales y de la concentración de poder burocrático. Es decir, la abundancia de recursos naturales puede facilitar la corrupción, pero su ocurrencia depende en definitiva de la calidad de las instituciones democráticas.

Desde inicios del nuevo milenio se han hecho escuchar voces que cuestionan la esencia de la supuesta MRNA y su causalidad. De un lado, sostienen que las deficiencias de la teoría de la MRNA surgen principalmente de la búsqueda reduccionista de “una gran explicación” sobre el rol de los recursos naturales en el desarrollo. La generalización implicada en la noción de que la producción de recursos naturales perjudica al progreso de los países soslaya la diversidad y complejidad de los procesos de desarrollo socioeconómico en diferentes países y distintas circunstancias, sin reconocer las particularidades de cada contexto.

De otro lado, los  críticos de la teoría de la MRNA subrayan los casos de países que han evitado la maldición, como Botswana, Chile y Malasia; y cuestionan la metodología aplicada por quienes la propugnan, en particular por el uso de pequeñas muestras de países o de un breve período de tiempo. Es decir, de acuerdo a esta perspectiva, si el Perú tuviese una sólida y eficaz institucionalidad democrática, podría beneficiarse grandemente de una explotación racional de sus abundantes recursos naturales.

Pero las implicancias de la MRNA no es meramente teórica, sino que tiene inmensas implicancias sobre la vida concreta del país y de sus ciudadanos. Es evidente, por ejemplo, que el Perú ha experimentado mayores niveles de corrupcion en el periodo del superciclo de los precios de los minerales (2004-2014), lo cual no es meramente coincidencia. Pero esto es resultado de la debilidad de nuestras instituciones de gobierno, y no responsabilidad de las empresas que explotan legalmente los recursos naturales. Hay, sin embargo, muchas otras dimensiones en las cuales se evidencian los impactos regresivos de la MRNA, como lo son por ejemplo los bajísimos niveles de investigación, desarrollo e innovación (I&D+i); la precaria base industrial del país; así como la debilidad de las instituciones democráticas y la gestiómn estatal.

El caso del Perú es, sin embargo, inusual en el concierto internacional, pues al lado de los recursos naturales explotados lícitamente tenemos también vastas operaciones de explotación ilícita y generalmente criminal (narcotráfico; minería, tala y pesca ilegales). Hasta la actualidad, todas las elaboraciones teóricas en torno a la MRNA se basan en casos de países donde los recursos naturales se explotan mayoritariamente de modo lícito. En el Perú afrontamos, entonces, la doble maldición de los recursos naturales abundantes. Lo que distingue a una modalidad respecto de la otra es el grado de (i)legalidad con la cual operan. Y por ilegalidad nos referimos al no acatamiento de normas jurídicas de todo tipo y de todo ámbito, desde administrativas hasta penales; desde la falta de licencias para la explotación de los recursos, la trasgresión de las más básicas normas de cuidado ambiental y de protección laboral, hasta la producción de mercancías absolutamente prohibidas y sancionadas como delitos.

La explotación ilegal de recursos naturales solamente es sostenible en tanto y en cuanto haya alcanzado a capturar y controlar segmentos significativos del Estado, para asegurarse viabilidad e impunidad. La evidencia de ello la tenemos en el escándalo de “los cuellos blancos del puerto” y en la conducta cómplice de un vasto sector de parlamentarios. Y es por ello que las reformas de los sistemas judicial y político resultan tan importantes, para evitar que el crímen organizado y sus secuaces sean quienes gobiernen desde detrás de las bambalinas a nuestra patria. Es necesario entenderlo: no existirá democracia ni gobernabilidad de la cual podamos sentirnos orgullosos si no transformamos al Estado para que esté en la primera línea de combate contra el crimen organizado que roba despiadadamente los recursos naturales de todos los peruanos y destruye nuestras instituciones. Esta no es una lucha en la que tienen cabida la indiferencia o la lenidad. Es la lucha por dejarle a las futuras generaciones un Perú vivible, sin violencia, con vocación de progreso y con aspiración de bienestar para todos.

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