Fuente: El Tiempo

Según la ONG, están usando argumentos del chavismo para debilitar el sistema interamericano.

Jose Miguel Vivianco

José Miguel Vivanco dijo que “cualquier esfuerzo por limitar las atribuciones de los organismos del sistema interamericano debilita la vigencia de derechos fundamentales”.

Foto:  Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
Serias preocupaciones viene generando una declaración privada que varios países de la región, entre ellos Colombia, enviaron recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que es vista por algunos como un intento por debilitar y ponerle mordaza a este órgano hemisférico.

La declaración, conocida por EL TIEMPO, fue enviada a la CIDH el pasado 11 de abril y está firmada de manera conjunta por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia.

 

En esta estos gobiernos expresan ciertas inquietudes por el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos y le proponen tanto a la CIDH como a la Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH) la adopción de ciertas medidas que, desde su perspectiva, apuntan a mejorar su funcionamiento.

Hacen hincapié, por ejemplo, en la necesidad de respetar “el principio de subsidiariedad” del sistema, y respetar “el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados” y que se tengan en cuenta las realidades “políticas, económicas y sociales” de los mismos.

“Desde esta perspectiva, la declaración considera que los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos.  La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano”, dice una aclaración que hizo este semana el gobierno de Chile, único país que hasta la fecha ha reconocido en público el envío del texto a la CIDH.

Pero en una serie de cartas enviadas por Human Rights Watch a los gobernantes de estos países antes de que se enviara al declaración – y que también fueron conocidas por este diario-, la ONG sostiene que se trata de una intromisión indebida en los asuntos de la CIDH y la Corte que además podría politizar gravemente su funcionamiento.

“Sería un error colosal que su gobierno apoye esta resolución que contiene lenguaje y argumentos propios de regímenes como los de Hugo Chávez y Rafael Correa. La resolución es, además, un pésimo comienzo para Prosur y pondrá en entredicho la credibilidad y legitimidad de esta nueva organización en materia de DD. HH. Estoy seguro de que esta resolución recibirá una fuerte crítica por parte de toda la sociedad civil en América Latina, incluyendo, sin dudas, por parte de Human Rights Watch”, dice José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, en la carta que le envió al presidente Iván Duque.

En su carta, Vivanco sostiene que detrás de la declaración lo que habría es un “rechazo de ciertos sectores de la población que por razones ideológicas, religiosas o simplemente prejuicios discriminatorios buscan limitar el papel que desempeñan la Comisión y la Corte en defensa de los grupos LGBT y los derechos reproductivos de la mujer”. Y que estarían cobrando relevancia ahora que han llegado al poder gobiernos con tendencia conservadora.

En su crítica, HRW expresa que la declaración es la típica defensa arcaica del principio de soberanía nacional que en su momento han usado regímenes autócratas como los de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia que van en contraposición con la obligación jurídica de asegurar la vigencia universal de los derechos humanos.

“Específicamente la resolución aboga por que los órganos del sistema interamericano respeten el ‘legítimo espacio de autonomía de los Estados’, y reconozcan el ‘margen de apreciación de los Estados’ -un concepto jurídico ajeno a la jurisprudencia y doctrina de nuestro sistema-. Más aún, la resolución llega al extremo de proponer que los órganos del sistema tengan en consideración ‘las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados’ (punto 5)”, sostiene Vivanco en la carta que le escribió al presidente de Chile, Sebastián Piñera.

En la misivas tanto de Duque como de Piñera, el director de HRW se declara perplejo por el ataque que encierra la declaración dado que ellos mismos han acudido en el pasado a los mecanismos del sistema interamericano para combatir a regímenes autoritarios y criticado abiertamente a estos gobiernos socialistas por abusar del poder y desconocer la autoridad de la CIDH y la Corte.

“Como bien saben los gobiernos que firmarían la resolución, porque ocasionalmente han acudido a los mecanismos internacionales frente a regímenes autoritarios, los instrumentos de protección como el sistema interamericano son el último recurso con el cual cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos y encontrar amparo frente al abuso de poder. Por ello, cualquier esfuerzo por limitar las atribuciones de los organismos del sistema interamericano debilita ‘per se’ la vigencia de los derechos fundamentales en la región”, dice Vivanco en las cartas que les escribe a ambos presidentes y donde les pide no firmar la declaración. 

Un consejo que no siguieron, pues cinco días después de esas misivas los cinco gobiernos enviaron su declaración al Secretario de la CIDH, Paulo Abrao. En principio se suponía que esa comunicación con el secretario de la CIDH se mantendría privada. Pero ese acuerdo al parecer se rompió al inició de la semana cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expidió un comunicado haciendo referencia a ella pero sin publicar su texto completo.

En ese documento, Chile sostiene que ve la declaración como el “punto de partida para un diálogo transparente y abierto” y sostiene que los países firmantes reconocen los logros del sistema a lo largo de sus años de existencia y sus compromisos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero concluyen que este puede ser mejorado.

Las cartas de Vivanco constituyen el primer quiebre de esta ONG con el gobierno de Duque y otros líderes de la región desde que asumieron el poder estos gobiernos de tendencia conservadora,
 y que hasta ahora habían mostrado sintonía en relación con las crisis en Venezuela y Nicaragua.

Según declaraciones de Vivanco a EL TIEMPO, se trata de un rompimiento inevitable pues “está de por medio una iniciativa retrógrada que pone en entredicho el compromiso de estos gobiernos en la defensa universal de los derechos humanos”.

Respuesta de la Cancillería colombiana

En un comunidado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó los siguientes puntos como respuesta:

1. El 11 de abril los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Declaración sobre el estado actual del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

2. La Declaración tiene dos ejes: de un lado, una reafirmación inequívoca del compromiso permanente de nuestros países con la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

3. En desarrollo de este concepto, los países firmantes señalamos la enorme contribución que la Comisión y la Corte Interamericana han hecho y reconocemos también el valor fundamental que tiene el sistema de peticiones individuales.

4. Pero el Sistema tiene, como cualquier empresa humana, fallas y en particular en los últimos años los países firmantes hemos registrado serios problemas.

5. El segundo eje de la Declaración es, por lo tanto, una enumeración de medidas y acciones que con todo respeto le estamos sugiriendo a los órganos mencionados con el mejor de los objetivos, a saber, un fortalecimiento del Sistema, que sin duda redundará en un incremento en los niveles de protección de los derechos humanos, no solo en nuestros países sino en todos los Estados miembros de la OEA.

6. Entre estas medidas se destacan dos muy concretas que son la adopción de medidas urgentes para reducir el atraso en el trámite de peticiones ante la CIDH y mejorar la economía procesal en los casos ante la Corte y una estricta aplicación de principios fundamentales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

7. Un aspecto importante es que en nuestros cinco países impera el Estado de Derecho y hay una institucionalidad sólida y eficaz que consagra mediante procesos democráticos un amplio espectro de derechos y garantías.

8. Por esa razón, hacemos un llamado a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado
 y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados, en especial al momento de decretar medidas de reparación, las cuales deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del estado de Derecho.

9. Ninguno de los gobiernos firmantes puede ser acusado de buscar un debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Todos nos hemos esforzado en dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y hemos sido objeto de condenas por parte de la Corte, debiendo adoptar una gran variedad de medidas de reparación, algunas veces en condiciones muy difíciles.

10. Por lo tanto, cuando planteamos unas medidas que van dirigidas a mejorar y fortalecer los procedimientos existentes, lo hacemos con conocimiento de causa.  Eso nos da el derecho a exigir que esas propuestas sean consideradas de buena fe y sin perjuicios o preconcepciones.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON

 

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