Fuente: Noticias SER

José De Echave: Cuando el Estado decidió que la carretera pase por Yavi Yavi debió expropiar o comprar las tierras

Ronald Ordoñez
Sociólogo de profesión y actual coordinador de la oficina regional en Cajamarca de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Foto: La República.

El conflicto en torno al proyecto Las Bambas no muestra hasta el momento avances para su resolución y por el contrario, parece que la situación se agrava con el paso de los días. Para entender mejor el panorama, Noticias SER entrevistó al especialista en temas de minería e integrante de CooperAcción, José De Echave.

¿Es cierto que el actual conflicto de Las Bambas es un conflicto entre privados como dijo el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina?

Es un tremendo error viniendo desde el Estado, sabiendo que en este conflicto se necesita que el Estado tenga una intervención que busque canalizarlo por vías pacíficas e institucionales de diálogo. Hay una clara responsabilidad del Estado en este conflicto y me refiero de manera concreta al tema de la carretera. Cuando la carretera se convierte en una vía nacional es un bien de dominio público y desde ese momento ya no puede pertenecer a un privado, pero el Estado cometió el error de no hacer el proceso de manera adecuada.

No hizo lo que tenía que hacer. Entonces hay una clara responsabilidad del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no aplicó sus propias directrices. En este conflicto cada actor tiene que asumir su cuota de responsabilidad y hacer el esfuerzo para salir del entrampamiento.

El viceministro también comentó que no se necesitaba licencia social para hacer carreteras nacionales ¿qué piensa de esta declaración?

No es un problema de licencia social. En este caso, al atravesar la carretera por una propiedad privada no era suficiente desde nuestro punto de vista, aplicar el derecho de servidumbre. Cuando el Estado decidió que la carretera pase por Yavi Yavi, debió expropiar o comprar las tierras. El Estado debió hablar con los propietarios del fundo y lograr un acuerdo. Hoy en día el argumento es que había un derecho de paso, un derecho de servidumbre, pero no es suficiente para que hayan podido construir la carretera.

¿Cómo evalúa el rol del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del ministro Edmer Trujillo?

En general creo que el Estado (el MTC, la PCM o el MINEM) ha actuado de manera tardía cuando el conflicto ya escaló a una polarización tal que es difícil tratar de transformarla en un escenario propicio para el diálogo. La opinión pública debería saber que no es la primera vez que estalla un conflicto en torno a la carretera. Ya estalló en el 2015 y lamentablemente con pérdidas de vidas humanas, y volvió a estallar en el año 2016 que también provocó la pérdida de vidas humanas. A raíz de este conflicto se instaló un proceso de diálogo, que en un primer momento fue múltiple y después se pasó a negociaciones y conversaciones bilaterales con las comunidades impactadas. El Estado se comprometió a acuerdos que no se han cumplido. Hay una larga lista de incumplimientos.

¿La detención de Gregorio Rojas implica un endurecimiento del gobierno en la solución de los conflictos en línea con la declaración de Estados de Emergencia?

No ayuda tener al presidente de la comunidad detenido y crea más bien un clima complicado de polarización, que agudiza las tensiones. Si se pretende conversar con la comunidad de Fuerabamba va a ser bien difícil que acepte sabiendo que su presidente está detenido. Nadie dice que el proceso judicial no continúe, pero me imagino que tranquilamente puede ser enfrentado por el presidente de la comunidad en libertad mientras se prepara la acusación. Entonces, creo que es un mal mensaje. Se entiende que no es una decisión del Ejecutivo, pero el Ejecutivo tendrá que reconocer que no son las mejores condiciones para iniciar un proceso de diálogo.

¿Estamos ante un nuevo caso de criminalización de la protesta?

En el país desde hace un buen tiempo hay una clara tendencia a criminalizar la protesta. Me consta que dirigentes, en el caso de varias comunidades de la zona de influencia de Las Bambas, intentan instalar procesos de diálogo o llegar a acuerdos porque hay una serie de demandas que son legítimas, pero las respuestas más bien, han buscado criminalizar la protesta. En este caso hay que diferenciar las agendas legítimas de las ilegítimas y no pongo las manos al fuego ni asumo los criterios que han desarrollado e implementado estos dos abogados de la comunidad, que han buscado priorizar los aspectos económicos, buscando un beneficio propio. Nosotros trabajamos en la zona desde el 2004 y cuando escucho que la comunidad solamente quiere beneficios económicos, mi primera reacción es que las personas que afirman eso no conocen la realidad de la zona.

Entonces hay una agenda de derechos

Hay una agenda integral de derechos que debería ser escuchada y atendida. La historia de Las Bambas es una larga historia de incumplimientos de acuerdos, muchos de ellos por parte del Estado. Recordaría que cuando el presidente Vizcarra estuvo en la zona como ministro, se llegó a varios acuerdos que han debido implementarse. Un primer ejercicio que debería hacer el gobierno es identificar cuáles de esos acuerdos han sido implementados, pero hay un largo déficit.

Con las acusaciones a los asesores ¿cómo garantizar una asesoría adecuada a las comunidades en sus negociaciones?

El vacío que deja el Estado y el malestar por no cumplir con sus obligaciones y compromisos, además de su poca presencia crea un campo propicio para que intervengan actores ilegítimos como este par de señores a los que sólo les interesa la parte económica porque van a obtener un porcentaje. Si alguien piensa que este conflicto sólo se soluciona con plata está totalmente equivocado. Espero que la comunidad plantee una agenda que no sea solamente económica y tenga la capacidad de asesorarse adecuadamente para establecer un proceso de negociación con resultados.

¿Cuál es la vía adecuada para solucionar el conflicto?

Todos los actores involucrados van a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder sacar el conflicto del entrampamiento e iniciar un proceso de diálogo que busque atender y resolver una agenda legítima. Creo que será difícil que la comunidad se pueda sentar a dialogar si su presidente sigue detenido. Ojalá pueda ser liberado y enfrente la acusación en libertad. Ese sería el escenario ideal para poder iniciar un proceso de diálogo, pero todos los que estamos interesados en que este conflicto se canalice por vías pacíficas e institucionales de diálogo, tenemos que hacer un esfuerzo para pensar en aspectos que podrían contribuir para que eso ocurra.

38 comunidades de Apurímac se han declarado en paro indefinido pidiendo la liberación de Gregorio Rojas ¿es posible que el conflicto escale en el resto del corredor minero?

Sin duda, es totalmente posible. Se ha anunciado que algunas provincias de Apurímac y Cusco se plegarían en un paro en respaldo a la comunidad de Fuerabamba. Efectivamente en esta zona hay un corredor minero y pasa por tres provincias por lo menos, donde hay varias minas significativas y con un malestar en las comunidades por los impactos ambientales, por accidentes continuos en las carreteras, por vibraciones, por el hecho que la carretera sigue sin asfaltar. Lamentablemente, hay un contexto en el que la posibilidad que el conflicto escale es totalmente factible.

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