Fuente: Noticias SER

Jaime Borda
Periodista y Director de Derechos Humanos sin Frontera DHSF – Cusco

Foto: Las Bambas (SER)

Los recientes hechos suscitados en relación al caso Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba – Yavi Yavi han puesto en evidencia nuevamente la fragilidad de los procesos de diálogo en el país y mucho más en contextos mineros. Varios son los factores que explican ello, pero el más importante es la precaria institucionalidad que tenemos para el manejo y la gestión de los conflictos sociales; solo cuando el conflicto estalla aparecen los funcionarios y expertos nacionales a explicar el problema, sacando conclusiones anticipadas y/o acusando a las poblaciones locales de radicales, manipuladoras y recientemente de extorsionadoras del Estado y la empresa minera.

Los cambios al EIA de Las Bambas y la carretera que pocos conocian.

Lo cierto es que en el caso de Fuerabamba – Yavi Yavi desde un inicio no se hicieron bien las cosas. Se han dado varios cambios, desde el Estado y desde el proyecto minero, que inicialmente pertenecía a la empresa suiza Xstrata, luego absorbida por Glencore, que tuvo que vender el proyecto a la empresa china Minerals and Metals Group (MMG). Desde el año 2013 y 2014 se empiezan a realizar los cambios en el proyecto minero, así se abandono la construcción de un mineroducto ya aprobado, para lo cual se solicitó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin incluir la carretera que se usaría para el transporte del mineral. Para entonces ya se había negociado con buena parte de las comunidades cuyas tierras atravesaría el mineroducto que salia desde las operaciones de la mina Las Bambas en Challhuahuacho (Apurimac) y debía culminar en Espinar (Cusco), donde se iba a procesar el mineral para luego ser trasladado a través de una vía férrea al Puerto de Matarani en Arequipa.

En un reciente comunicado Cooperaccion, explica justamente estos cambios, sobre todo el referido a la construccion de la carretera: “Se planteó entonces la idea de una carretera que tenía tramos locales, regionales, nacionales y otros que eran trochas que debían ser incluidos como partes de la carretera. Según el procedimiento legal establecido, esto suponía tratar con las comunidades la venta de sus tierras y en caso de no haber acuerdo, expropiar. Nada de ello se hizo y se avanzó con las obras correspondientes.” Al tiempo de hacerse estas modificaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue subsanando con resoluciones e informes de la misma empresa la categorización de las vías de paso.

Luego del estallido del conflicto en octubre del 2016 en Las Bambas el gobierno central se comprometió a asfaltar la vía y a reclasificarla como ruta nacional. En todo ese proceso muchas vías de acceso han pasado de ser caminos privados a vías públicas, y en otros casos como el de Yavi Yavi simplemente se hizo la carretera sin realizar un acuerdo previo con los dueños de las tierras comunales.[1] Y finalmente las comunidades por donde pasa esta vía nunca fueron informados, ni participaron en los cambios del proyecto y de la carretera.

La estigmatizacion a los dirigentes y a las comunidades

Si el problema es visto solo con un asunto técnico o legal por los cambios y “parches” que iba haciendo el gobierno al proyecto Las Bambas no entenderemos la magnitud del problema. Lamentablemente muchos proyectos promovidos por el gobierno peruano se han hecho sobre la base de la improvisación y la corrupción, y eso lo sabe la población. El tema de fondo es el discurso monocorde desde el gobierno central y de los gremios empresariales que sostiene que “la gran minería es la única actividad económica que se debe realizar en las regiones andinas del país”, por tanto, si hay una mirada distinta o una opinión critica de las poblaciones locales, son estigmatizados como “enemigos del desarrollo”.

En el informe: “Abusos de poder contra defensores y defensoras de los derechos humanos, del territorio y del ambiente” publicado en marzo del 2018[2] que revisa el caso del corredor minero en el sur andino peruano, señala que en muchos países latinoamericanos hay patrones de abuso de poder en estos territorios que se expresan a través del uso de la fuerza fisica y la violencia por parte del Estado y las empresas mineras hacia la poblaciones locales, de la aprobación de leyes y normas que favorecen a las empresas privadas, y de la estigmatización de los lideres o dirigentes opositores a la actividad minera generando un discurso mediático negativo hacia ellos.

Estos patrones se repiten en el caso de Cusco y Apurimac, y de modo particular en el caso de Las Bambas. El año 2015 y 2016, el enfrentamiento dejo como saldo la muerte de 4 personas y decenas de heridos. Hoy nuevamente se pretende no solo criminalizar a las poblaciones locales, sino ensayar una nueva figura legal de “organización criminal que extorsiona al gobierno central y la empresa minera”. Si bien es cuestionable el accionar de los asesores legales en este caso, y la forma como llevaron el proceso de negociación no se puede decir que toda la comunidad sea una extorsionadora.

Finalmente si el gobierno central quiere resolver este conflicto, no solo debe mirar el caso Fuerabamba – Yavi Yavi, sino los demás casos pendientes en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas y a lo largo del “corredor minero”. Esto implica dejar de implementar estrategias represivas de criminalización y militarización en la zona, e iniciar con un proceso de diálogo genuino en la provincia en el que se revisen los acuerdos de las mesas de dialogo de años pasados. De mantener la estrategia de criminalización, la tensión y el conflicto se va a agudizar y se puede salir de control.

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[1] http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/Libro-Carretera-Las-Bambas.pdf

[2]http://www.aprodeh.org.pe/documentos/publicaciones/desca/Informe_sobre_Extractivismo_y_Derechos_en_la_Region_Andina

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