Fuente: El Salto

Front Line Defenders denuncia un aumento de la violencia contra el activismo en todo el mundo y la doble cara de la Unión Europea, que mira hacia otro lado mientras sus aliados cometen todo tipo de violaciones de los derechos humanos.

Con nueve asesinatos más que en 2017, en el pasado año se alcanzó un nuevo récord en la persecución de defensores de derechos humanos alrededor del mundo, al menos desde que se lleva la cuenta. En 2018, fueron asesinados 321 defensores, según los datos recopilados por Front Line Defenders (FLD) en su último informe.

De los 27 países en los que FLD registró asesinatos de activistas, Colombia se lleva la palma con casi la mitad del total, nada menos que 127 casos. Le siguen a mucha distancia México, Filipinas, Guatemala, Brasil e India. Más de tres cuartas partes de los asesinatos, un 77%, estuvieron motivados por el trabajo de los activistas en la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas. La enorme mayoría de estos crímenes se han realizado “en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos respaldados por los Estados”, denuncian desde FLD. Solo en Colombia y México se produjeron el 54% del total de asesinatos. Y en esta lista no están todos los casos. Es un informe incompleto: solo recoge las denuncias recibidas por Front Line Defenders.

No se tratan de “casos aislados”, señalan desde esta ONG. Los crímenes fueron precedidos de hostigamiento judicial, amenazas y ataques físicos. Según FLD, al menos el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte, y en otro 43% de los asesinatos hubo amenazas generalizadas contra personas o grupo de defensores en la misma área. “En la gran mayoría de los casos”, señalan en el informe, “las personas defensoras no recibieron la protección y el apoyo necesarios de las autoridades estatales desde que denunciaron las amenazas hasta el momento en que fueron asesinadas”.

“Los Gobiernos occidentales han seguido interesados en desarrollar lazos económicos, militares y de seguridad con los Gobiernos responsables de los peores abusos contra personas defensoras, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos”

Desde esta organización señalan que existe una tendencia hacia una “legislación restrictiva dirigida a sofocar el poderoso trabajo” de estos activistas. Algunos de los casos más graves se han dado en Bangladesh, donde la Ley de Seguridad Digital incluye penas de hasta 14 años por usar medios digitales para “causar daños al Estado”. En la provincia china de Xinjiang, el Gobierno ha legalizado el uso de campos de “reeducación” para la población minoritaria uigur. En Nicaragua, un cambio en la legislación antiterrorista ha permitido detener y acusar a manifestantes por delitos de terrorismo, denuncian desde FLD. En Hungría, el paquete legislativo que ha lanzado el Gobierno —conocido con el nombre de “Stop Soros”— criminaliza la asistencia humanitaria a las personas migrantes, señalan.

DOBLE DISCURSO

También merece la censura de esta ONG el Gobierno militar de Egipto, que ha lanzado una ley de regulación de medios. Según esta norma, cualquier persona que tenga una cuenta de una red social con más de 5.000 seguidores será susceptible de ser vigilada y bloqueada si el Consejo Regulador considera que a través de ellas se publican o difunden “noticias falsas” o que “inciten a que se viole la ley”.

La “creciente hostilidad hacia la agenda de derechos humanos a nivel global”, sostiene FLD ha animado a los regímenes autoritarios de Medio Oriente “a intensificar sus medidas drásticas” contra las personas defensoras de derechos humanos. “Mientras tanto, los Gobiernos occidentales han seguido interesados en desarrollar lazos económicos, militares y de seguridad con los Gobiernos responsables de los peores abusos contra personas defensoras, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos”.

Especialmente sangrante es el caso de Egipto, donde la situación para la sociedad civil “es cada vez peor”. Estos abusos no han evitado que este país norteafricano se haya convertido en el tercer destino de las exportaciones mundiales de armamento, después de India y Arabia Saudí.

Ser sindicalista en Egipto también se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Según FLD, el régimen del presidente Abdelfatah el Sisi castigó reclamos laborales con “arrestos, desapariciones, palizas y torturas durante las detenciones, intimidación por parte de agentes de la seguridad del Estado, despidos masivos, retención de salarios y prestaciones, y juicios en tribunales militares”.

Todo esto no parece importarle demasiado a los principales gobiernos occidentales. De hecho, la Comisión Europea está estudiando destrabar el apoyo presupuestario a Egipto bajo la revisada Política Europea de Vecindad, suspendida tras el golpe militar en 2013.

También en Arabia Saudí se evidencia el doble discurso de la Unión Europea y el Gobierno español en lo que se refiere a derechos humanos. Mucho se ha hablado sobre la lucha para que las mujeres pudieran conducir en este país islámico, un derecho que conquistaron en junio del pasado año. Pero poco se sabe de la situación de las defensoras de derechos humanos Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, que continúan detenidas tras desempeñar un papel activo en la campaña.

Tras su detención, los medios estatales acusaron a estas activistas de “traición”, “conspiración contra el Reino y la familia real” y “colaboración con agentes extranjeros”. Fueron víctimas, durante la detención, de acoso sexual, descargas eléctricas, flagelación y ahorcamientos, según denuncia FLD. Una de las defensoras intentó suicidarse varias veces.

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