Fuente: La República

Caso Manta y Vilca. Sucedió en Huancavelica. Muchas de ellas eran menores de edad. Soportaron la estigmatización en sus comunidades y hasta el cuestionamiento de los hijos que tuvieron producto de este execrable hecho. Hoy anhelan sanar su alma con un juicio justo y público contra catorce militares.

Ejército peruano, Huancavelica, violación
Agraviadas. Llegaron a sentir que ya no tenían valía, pero con ayuda psicológica se levantaron para exigir sus derechos.

La historia de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por miembros del Ejército, entre los años 1984 y 1995 en las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca, son similares en crueldad e impunidad. Entonces, muchas eran menores de edad. Fueron agredidas repetidas veces en sus propias casas o en el cuartel militar, adonde llegaban bajo la orden de dar declaraciones.

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Audiencia. Los cinco miembros del Ejército se presentaron con sus propios abogados.

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Cubierto. El exjefe de base Arturo Simarra esconde su rostro para evitar ser fotografiado.

Tuvieron hijos producto de esta insania y vivieron la humillación de sus propios compueblanos que las señalaban como “sobras de morocos”.

Bajo el patrocinio legal de IDL Demus, nueve de estas mujeres han decidido denunciar a catorce militares por haber cometido este delito de lesa humanidad.

Después de la recusación contra los magistrados del Colegiado B de la Sala Penal Nacional que estaban viendo estas denuncias, el 13 de marzo se dio inicio a un nuevo juicio oral, a cargo del Colegiado A de la Corte Superior de Justicia.

En la primera audiencia, el abogado Juan José Quispe, de IDL, solicitó a nombre de las agraviadas que el proceso judicial sea público. Ellas renunciaron al derecho de tener audiencia en privado como establece la ley en casos de delitos contra el honor sexual.

“Mis patrocinadas quieren que la sociedad conozca lo que les sucedió. Y algo muy importante, la garantía de una correcta administración de justicia es la realización de un proceso público. Además, al ser un delito de lesa humanidad se requiere mayor control de la sociedad”, señaló Quispe.

La misma postura tuvo la abogada de DemusCynthia Silva. “Ellas quieren que, por la relevancia histórica del contexto de conflicto armado que vivieron, la sociedad conozca lo que les ocurrió siendo ellas aún adolescentes. Quieren sentir que la sociedad esté vigilante ante potenciales irregularidades como pasó en el juicio anterior, en que los acusados, la defensa de estos y hasta los mismos jueces vulneraron sus derechos”, dijo ante el tribunal que resolverá este pedido en la próxima audiencia del 27 de marzo.

“Yo estaba en el colegio”

Magna Gonzales Araujo tenía 16 años y estudiaba en el colegio cuando la violaron por primera vez. Recordar y manifestar lo que le ocurrió la quiebra. Es muy duro para ella rememorar el momento en que los militares llegaron a Manta disparando a todos lados, mientras los pobladores huían desesperados hacia los cerros.

Magna decidió esconderse en un caserón y cuando parecía que todo estaba calmado se dirigió a la casa de un familiar. Al atardecer llegó un soldado y la sacó de ahí para llevarla a otra casa donde la violó. Su resistencia fue aplacada con disparos de fusil. No contó lo ocurrido porque estaba amenazada y sentía vergüenza. Quince días después sufrió el mismo abuso.

“Luego vino mi abuelito y me fui a su pueblo con él. Cuando regresé nuevamente abusaron de mí, por tercera vez, y me embaracé. Le dije a mi madre que no estaba menstruando y le conté todo. Como ya estaba gestando empezaron a buscar al soldado que solo sabíamos que se llamaba Yance”.

“Semanas después de dar a luz, de vuelta me sacaron. A mí y a mi familia nos inculparon de la pérdida de una máquina de escribir del consejo distrital. Por eso el capitán Papilón nos llevó a la base. Fui con mi hijo, con solo una mantita y su pañal. Cómo lloraba mi hijo en la noche. Papilón me lo quitó y empezó a violarme”.

“Yo quiero que el juicio se haga públicamente. Cuando en el tribunal escuché hablar a los abogados de los militares pensé: qué saben ellos de todo lo que hemos pasado, cómo he sido violada cuatro veces por distintas personas. ¡Qué saben ellos de la humillación de llamarnos sobras de morocos!”

“Yo no vivo bien ni con mis hijos ni con mi pareja, porque me he traumado de tanta violación. A mis hijos he criado como un animal, sin cariño para ellos; he perdido a mis hijos. Tantos años estamos arrastrando esta herida y no vemos justicia”. Magna hace este relato mientras sus compañeras se cubren el rostro y rompen en llanto.

Fiscalía solicita penas entre 8 y 20 años

– La fiscalía ha solicitado entre 8 y 20 años de cárcel para los miembros del Ejército acusados de violaciones sexuales sistemáticas contra las mujeres de Manta Vilca. El Estado es considerado como tercero civil responsable en el proceso.

– Los catorce militares denunciados son: Pedro Pérez, Martín Sierra, Rufino Rivera, Vicente Yance, Epifanio Quiñónez y Amador Gutiérrez. También Julio Meza, Gabriel Carrasco, Dionicio Álvarez, Diómedes Gutiérrez, Lorenzo Inga, Sabino Valentín, Roger Pinto y Arturo Simarra. Al inicio del nuevo juicio oral solo asistieron cinco de ellos.

– En contraposición al pedido de las víctimas, la fiscal María Eugenia Carrasco se pronunció por un juicio en privado.

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