Fuente: La Mula


Foto de portada: Vidal Merma / Cusco / Espinar

Los convenios entra la Policía Nacional y empresas extractivas del Perú perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y deslegitima la función policial al privatizarla, sostiene un informe recientemente publicado.

Las organizaciones peruanas Instituto de Defensa Legal (IDL) y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), así como la estadounidense Earth Rights Internacional (ERI) elaboraron un informe en el que se analizan “las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”.

[Lee también: Espinar: campesinos denuncian agresión de agentes de seguridad de minera Glencore]

En el informe, explican que estos convenios tienen el objetivo de “proteger el patrimonio e intereses económicos de las empresas extractivas“. Explican que el problema es que, para ello, se les otorga un trato diferenciado y privilegiado, con el que las poblaciones locales “sufren las consecuencias y el costo social cuando ocurren violaciones a los derechos humanos por el abuso de la fuerza policial”.

Con ello, las empresas incumplen con sus obligaciones de responsabilidad social, ya que no garantizan un clima de paz y una relación respetuosa con las poblaciones locales, sostienen las organizaciones. En este sentido, resaltan el hecho de que las compañías extractivas pueden proteger sus instalaciones sin necesidad de recurrir a la Policía Nacional.

[Lee también: Mollohuanca y Espinar: denuncian criminalización de los defensores ambientales]

El estudio, basado en el análisis de 138 convenios entre la Policía Nacional y empresas mineras y petroleras, concluye que estos acuerdos perturban el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en la zona de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos. Esto, sostienen las organizaciones, devela una falta de adecuación de las normas internas a las obligaciones que el Estado peruano asumió con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

“Es así como se quiebran los valores y principios de un Estado democrático y constitucional de Derecho, así como las bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, se lee en el informe.

Además, afirman que con los convenios con expresas extractivas se está privatizando a la Policía Nacional del Perú.

“En efecto, los convenios deslegitiman la función policial. Las razones son múltiples, pues para empezar representan la privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad. Esta situación se gráfica, por ejemplo, en el uso inadecuado de los símbolos y distintivos policiales (uniforme y armamento), lo que afecta la identidad institucional y la percepción ciudadana”, explican.

Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los convenios también se han convertido en “una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta”.

“Estos hacen parte de un marco institucional creado a favor de las empresas, que además devienen en un clima de tensión y violencia. No es casual que muchas de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en un contexto de elevada conflictividad socioambiental hayan ocurrido en regiones como  Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, en zonas tradicionalmente mineras o hidrocarburíferas”, resaltan.

Ante ello, piden al Estado peruano resolver los convenios suscritos por la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas en todo el país, así como desistirse de celebrar nuevos convenios. En este sentido, proponen modificar la Ley General de la institución para que no se incluyan a las empresas extractivas en la protección que ofrece la Policía a particulares.

[Lee también: Organizaciones sociales piden a Vizcarra que suspenda el estado de emergencia en zonas mineras]

Recomiendan también la creación de una Comisión Multisectorial para la elaboración de un informe independiente sobre este problema. La Comisión, proponen, debería estar integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, representantes de los gobiernos subnacionales y de la sociedad civil, y regirse por los enfoques de derechos humanos, interculturalidad y género.

Y, como siempre es mejor prevenir que lamentar, piden al Estado peruano generar una política pública intersectorial para prevenir la persecución, hostigamiento y criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto del trabajo de los policías en zonas de actividad minera y petrolera.

El informe completo “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú” aquí:

Acceda a la versión original aquí