Fuente: France24

Una recomendación de Erick Espíritu

Manifestantes en Yauri, en la región de Cusco el pasado 28 de enero.
Manifestantes en Yauri, en la región de Cusco el pasado 28 de enero. Cortesía Gran Angular

Desde enero, varias comunidades de distintas regiones de Perú realizan marchas y paros para transmitir su preocupación al Estado peruano sobre la falta de atención y seguimiento médico a las personas afectadas por metales pesados en su sangre.

El 16 de diciembre de 2018, una fuga de agua con relave (desechos tóxicos de procesos mineros) llegó al río Tingo Maygasbamba. Según señaló el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), esta provenía de la empresa Gold Fields. La institución encontró presencia de cobre y otros metales en distintos lugares analizados.

“Esto es un paro indefinido. Solicitamos una indemnización para todas las personas que han sido afectadas por la fuga del relave de diciembre”, explica Ismael Julón, habitante de la provincia de Bambamarca en la región andina de Cajamarca y representante de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos.

Desde el miércoles 6 de febrero, la población decidió iniciar un paro, con bloqueo de carretera, para solicitar que las personas afectadas puedan ser indemnizadas, que la empresa realice el tratamiento de las aguas contaminadas, pero también la reparación ambiental y que el Estado cumpla con el tratamiento de las 372 personas que fueron detectadas con metales pesados en la sangre desde el año 2016, según la Dirección Regional de Salud.

“Los pasivos ambientales de las mineras que operaron en el pasado están abandonados”

“El Estado no tiene un mapeo y un seguimiento de los afectados por metales tóxicos en la sangre”, lamenta Ismael Julón, representante de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos.

Julón cuenta que la vida ha cambiado en su distrito, en Bambamarca, en los últimos 70 años. Él, como el resto de la población afectada, también cuestiona la actividad de grandes empresas mineras.

“Tenemos tres microcuencas muertas, con ácidos, que ya no sirven para nada. En algún momento el Gobierno intentó hacer remediación ambiental. Pero ahora los pasivos ambientales de las mineras que operaron en el pasado están de nuevo abandonados”, comenta.

“A mi esposa le encontraron mercurio y otros minerales tóxicos”

Los pasivos ambientales son los daños que deja una actividad minera, gasífera o petrolera al cesar su actividad. “En 2016, la Dirección Regional de Salud realizó un estudio que detectó que 372 personas tenían presencia de metales pesados en su sangre. A mi esposa por ejemplo le encontraron mercurio, y otros minerales tóxicos. Aún no hay patologías, no vivimos lo que están viviendo en Espinar, en Cusco”.

Sobre la necesidad de realizar paros, Julón explica que es la única manera de hacerse escuchar por el Estado. Pero no es suficiente. Por esta razón, varias comunidades afectadas del país, con el apoyo de organizaciones, crearon la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos que pretende agrupar poblaciones de distintas regiones del país de la selva y la sierra, donde también se encuentran personas con metales pesados en la sangre por derrames de petróleo en los ríos, principal fuente para las comunidades en la selva, o por impactos de la actividad minera.

Afectados por metales pesados de diferentes regiones del país crearon la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos.Cortesía Red Muqui

El Congreso no revisa dos proyectos de ley para prevenir la contaminación

“Con esta organización estamos dando a conocer la problemática al Estado y representamos a todos los afectados por metales a través del agua o del aire”, detalla.

El Ministerio de Salud, en una resolución ministerial del 2018, recoge que 4.867 personas están afectadas por metales tóxicos en el país. Según la misma resolución, en 2017, Perú tenía 8.854 pasivos ambientales por actividad minera y 3.500 por explotación de hidrocarburos, cifras que recoge el inventario del Ministerio de Energía y Minas.

En 2018, en el Congreso, se presentaron dos proyectos de ley (el 1256/2016 y el 27/40) con el fin de reducir y prevenir la contaminación por metales pesados en el país. Estos proyectos proponen atención médica a los afectados y reconocen la necesidad de la creación de un registro de personas afectadas por metales pesados.

Sin embargo, hasta la fecha, el Congreso no revisa las correcciones que se habían solicitado a la Comisión de Salud sobre estos dos proyectos de ley.

Glencore asegura que la mineralización se debe a motivos naturales

En la región andina de Cusco, la población de la ciudad de Yauri, la capital de la provincia de Espinar, tiene la misma preocupación con respecto a la calidad del recurso hídrico. La actividad minera existe desde la década de los años ochenta cuando operaba la minera Tintaya. Desde 2013, la multinacional Glencore opera la compañía minera Antapaccay. Hoy la comunidad exige los estudios por la contaminación.

“La población considera como daño acumulado la contaminación en la zona”, explica Vanessa Schaeffer, abogada de Cooperacción, una organización no gubernamental que estudia desde 1997 casos de contaminación por actividades extractivas. “Para Glencore, sin embargo, el debate se centra en que la zona ya tenía esta calidad de ambiente por una alta presencia de minerales”.

Por su parte, la compañía multinacional Glencore, en entrevista a France 24, atribuyó la mineralización de Antapaccay a motivos naturales, e indicó que hay estudios estatales que lo corroboran:

“Entre 2010 y 2015 diversas instituciones como el Ministerio de Salud, Dirección General de Salud, Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria han realizado estudios en Espinar, detectando que hay presencia de metales pesados cuyo origen sería natural”.

La multinacional también aseguró que la mayoría de los metales detectados en los monitoreos “están por debajo de los límites máximos permisibles”, dijo un representante de la empresa.

Marcha de sensibilización, el lunes 28 de enero del 2018 en Yauri, Espinar. Cortesía Derechos Humanos Sin Fronteras

Sin embargo, la Dirección Regional de Salud de Cusco realizó un informe a finales de 2018 en el que expone que el agua potable que está bebiendo la población contiene niveles de minerales pesados como arsénico, hierro, manganeso, aluminio y otros 19 metales que están por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según reveló el medio de investigación OjoPúblico.

A raíz de este informe de salud, miles de ciudadanos participaron en una marcha de sensibilización el pasado lunes 28 de enero para exigir al Gobierno de Martín Vizcarra declarar en emergencia sanitaria, por contaminación del agua, a la provincia que vive de la explotación minera desde hace más de 30 años.

“Esta inquietud por la calidad del agua es la misma que tienen las comunidades campesinas de la provincia”, explica María José Veramendi, investigadora para la organización no gubernamental Amnistía Internacional en Perú.

“Falta una respuesta del Estado a las víctimas de las aguas contaminadas”

Precisamente, en 2017, Amnistía Internacional Perú publicó el informe ‘Estado Tóxico’ en el que exponía dos casos de comunidades indígenas en la selva y la sierra de Perú que sufren una crisis de salud por exposición a metales pesados: Espinar en la sierra y Cuninico en la selva. Ambos casos relacionados a actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos.

“Falta una respuesta del Estado a las víctimas sobre el derecho al acceso al agua potable, el tratamiento de las aguas contaminadas y la identificación de las causas”, añade Veramendi.

Sin embargo, los estudios que hubieran podido demostrar los niveles de minerales en el ambiente hubieran tenido que realizarse antes de las operaciones extractivas, explica Ana Leiva, directora de Cooperacción.

“La falta de institucionalidad de los estudios sigue impactado. Antes se vertían directamente [las aguas residuales] en los ríos. Hoy, se hacen estudios sobre calidad del agua pero el seguimiento no está tampoco institucionalizado. Y esto se refleja ahora con el problema del agua también en la Amazonía, que está cargando muchos problemas por los derrames”, cuenta Ana Leiva, directora de Cooperacción.

140 infracciones por exceso de sustancias en el agua

France 24 solicitó información al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) sobre las multas firmes por contaminación de agua entre 2017 y 2018.

Ese medio revela 140 infracciones por el no cumplimiento de los límites de sustancias permitidas en efluentes cometidas por empresas. De estas infracciones, 135 fueron casos “por exceso de sustancias permitidas en la descarga de los efluentes de establecimientos de los administrados en algún río o laguna”.

OEFA determinó que en cinco casos “no se adoptaron las medidas de previsión correspondientes a pesar que hayan sido identificados como un riesgo potencial de afectación negativa al medio ambiente”.

Sin embargo, la institución recuerda que “en los casos detallados no cuentan con multa debido a que se encuentran en el marco de la Ley N° 30230”. Esta ley fue promovida en su momento por el Gobierno de Ollanta Humala con el fin de “reactivar la economía”, aseguraba en su momento el mandatario.

Si bien, la institución tiene a cargo fiscalizar y multar por incumplimiento ambiental las empresas, esta no ha podido imponer las multas a raíz de esta ley también conocida como “Paquetazo Ambiental”. Pues se reemplazó la sanción económica por medidas correctivas, entre 2014 y mediados del 2017.

En Perú el 19% de los conflictos sociales están ligados al acceso al agua

En Perú, el 67% de los conflictos sociales por recursos hídricos entre 2011 y 2014, fueron por el temor o la supuesta afectación a la calidad del agua, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Según el mismo informe, un 19% de los conflictos sociales estaban ligados a la falta de acceso al recurso.

Sobre los 153 casos de conflictos sociales que la Defensoría había analizado entonces, la institución encontró que 42 casos estaban ligados a la actividad minera formal y nueve por hidrocarburos.

Una semana antes de la publicación del artículo, France 24 solicitó información y entrevistas a la Autoridad Nacional del Agua y a la Dirección General de Salud Ambiental, sin embargo ninguna respondió.

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