Fuente: La República

En acción. Integrantes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao. Su trabajo generó la reforma del sistema judicial, pero su continuidad depende de Gonzalo Chávarry.


El trabajo de ambas fiscales ha generado un gran impacto en la vida y la historia del país. Créditos: Aldair Mejía

Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra y Sandra Elizabeth Castro Castillo son dos fiscales que nadie vio llegar, pero cuyo trabajo ha generado un gran impacto en la vida y la historia del país.

Ambas integran la Fiscalía Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao que descubrió e investiga a la red “Los Cuellos Blancos del Puerto“, caso que puso en evidencia los nexos entre política, judicatura y corrupción.

Si en Brasil el caso “Lava Jato” provocó la reforma del sistema político, en el Perú eso lo están logrando los audios de la corrupción que Sánchez y Castro grabaron entre noviembre del 2017 y junio del 2018.

Esos audios pusieron en jaque a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, al mayor grupo político en el Congreso –Fuerza Popular– y originaron el referéndum para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la no reelección congresal.

Rocío Sánchez y Sandra Castro llegaron a la fiscalía contra el crimen organizado del Callao, en abril del 2017, nombradas por Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación.

Sánchez Saavedra integraba hasta ese momento la 12ª fiscalía penal del Callao y Castro se encontraba en el pool de fiscales penales del Callao. Allí, en el turno de las fiscalías penales, se habían conocido cinco años antes.

Rocío Sánchez estudió derecho en la Universidad Mayor de San Marcos y su primer trabajo en la judicatura fue como asesora de la presidencia de la Corte Superior del Callao, en 1999, antes de hacer carrera en el Ministerio Público.

Por esa misma época, Sandra Castro, quien estudió derecho en la universidad San Martín de Porres, emigró a Europa, luego de trabajar como técnica en las fiscalías contra el terrorismo y en los juzgados de bandas, el predecesor de la Sala Penal Nacional. Vivió en Suiza y es activa integrante de la Logia Femenina Masónica, domina el italiano, el francés y el alemán. El 2010 regresó al Perú y postuló como fiscal titular.

El CNM no la nombró, pero eso no la desanimó. Logró ingresar como fiscal provisional adjunta, viendo casos de violación de menores, delitos ambientales y tráfico de drogas.

Por su parte, luego de pasar por diversas fiscalías y estudiar una maestría en derecho civil y comercial en la universidad Inca Garcilaso de la Vega, el año 2005, el CNM había nombrado a Rocío Sánchez como fiscal provincial adjunta titular.

El 2017, ya en la fiscalía contra el crimen organizado, Sánchez investigó a una banda vinculada a las temibles maras centroamericanas y la corrupción policial en el Callao. Convocó a Sandra Castro para la labor de recolección de las escuchas telefónicas que la policía realizaría a la organización “Las Castañuelas de Rich Port” dedicada al sicariato y el tráfico de drogas.

Nunca se imaginaron lo que eso generaría, ni siquiera suponían lo que iban a encontrar. Un tema de lo que se murmura mucho, pero de lo que nunca había algo concreto. Los delincuentes tienen contactos en el sistema judicial que les permite salir libres si son detenidos.

Las escuchas a los delincuentes las llevaron a un abogado, luego a un juez y a partir de allí a descubrir y desarticular la red de influencia y corrupción que había organizado el juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Una red que controlaba la Corte Superior del Callao y, a través del CNM, la ONPE y tenía llegada al hoy fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Exigentes al máximo con ellas mismas, Rocío Sánchez y Sandra Castro siguen fieles a desarrollar un trabajo silencioso pero efectivo. Hoy su continuidad depende del fiscal de la Nación. Su designación como fiscales y el presupuesto de sus despachos se terminan el 31 de diciembre.

Acceda a la versión original en este enlace