Fuente: Noticias SER


Foto: El Comercio

En las dos últimas décadas, reconocidas instituciones internacionales han impulsado la ubicación, exhumación y sepelio de las personas fallecidas durante conflictos armados internos. La retórica normativa sobre el duelo que acompaña estos procesos se basa en un principio ético con pretensión universal: los familiares de las víctimas deberían poder cumplir su duelo y los desaparecidos ser encontrados y recibir un “entierro digno”. Estas prácticas son consideradas como un paso necesario hacia la reconciliación de los ciudadanos. En el caso del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003) impulsó la exhumación de sitios de entierro como medidas indispensables para cerrar las heridas del pasado.

Pero un grano de arena agrietó este aparente consenso colectivo. El aplauso o la indiferencia general que acompañó la noticia sobre la inminente destrucción, en un cementerio de Lima, de un “mausoleo terrorista” no deja de sorprender. El arreglo reciente de una norma sobre inhumaciones en cementerios, buscaría expresamente este propósito. La disimulada prohibición de un sitio de entierro parece una mala réplica de la tragedia del griego Sófocles: Antígona, que retrata el dilema y la oposición entre las leyes de la polis, encarnadas por el rey Creonte que prohíbe sepultar al traidor Polinice, con las leyes consuetudinarias de respeto a los difuntos y los ritos fúnebres, encarnadas por su hermana Antígona. La buscada demolición del “mausoleo terrorista”, nos permite interpelarnos sobre las dificultades y las trampas que enfrenta la sociedad peruana para forjar un proyecto de sociedad postconflicto. Rastreemos en la “vida política” de los cuerpos exhumados de presos amotinados y ejecutados extrajudicialmente en el penal de El Frontón, que yacen en el mencionado panteón. ¿Cómo entender que su destino póstumo haya llegado a constituir un problema nacional de tal magnitud que se planea derruir su lugar de entierro colectivo, por considerarlo “apología del terrorismo”?

No cabe duda de que los muertos enterrados allí y sus deudos no encajan con el modelo hegemónico de “víctima inocente” en el cual se configuran a los beneficiarios de las políticas de reparaciones estatales. Por cierto, los difuntos del mausoleo eran militantes del PCP-Sendero Luminoso y sus familiares son en su mayoría miembros de las asociaciones Movadef o Afadevig. Pero recordemos que en la famosa “matanza de los penales” (1986) fallecieron cerca de 250 presos. 132 internos procesados por terrorismo murieron en el develamiento de El Frontón, algunos luego de rendirse. Por ello, la Corte IDH, en el caso Durand y Ugarte contra el Estado peruano (2000), le ordenó “localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares”. A raíz de este fallo, el Ministerio Público exhumó en 2003 los cuerpos de los presos de El Frontón. Desde entonces, se han entregado 22 cuerpos a sus familiares. Cerca de 70 cuerpos no identificados se encuentran en los anaqueles del Ministerio Público, otros 40 siguen inubicables.

El entierro de los senderistas en el cementerio del distrito de Comas ha servido de pretexto para desatar un “pánico moral” mediático y político. El sociólogo Stanley Cohen, quien acuñó este concepto, ha descrito cómo los medios definen a ciertos grupos como amenazas para la sociedad y logran suscitar miedos excesivos en el imaginario colectivo y en la opinión pública. En este caso: un mausoleo anunciador del rebrote del terrorismo. Este pánico moral fue difundido por una prensa sensacionalista en un contexto oportuno: los días previos a la apertura del juicio oral contra los marinos implicados en la matanza de El Frontón. Este sensacionalismo también ha opacado una incómoda cuestión: la del destino final de los cadáveres indeseables asociados a perpetradores de violencia.

La retórica sobre el “terrorismo” ha venido funcionando como una técnica eficaz de alterización de los (ex)senderistas. Esta impide considerarlos como ciudadanos. Como muertos sin patria, ellos no merecen un entierro digno de la “polis”. Ni vivos, ni muertos logran un espacio en la comunidad nacional. La trayectoria de los despojos senderistas condensa y expresa de manera emblemática su “desperuanización”. No pueden extirparse de la mancha del “terrorista”. Por ello no merecen un duelo colectivo ni público. Configuran un modelo de mala muerte asociado a la pérdida de ciudadanía. El duelo del senderista debe quedar fuera del imaginario de la Nación y su cuerpo quedar fuera, o invisibilizado, del territorio nacional. Por su asociación con una figura de “mala víctima” los difuntos senderistas, aún ejecutados extrajudicialmente, solo pueden ser, a lo más, “víctimas culpables”. Sus familiares no son socialmente reconocidos como víctimas ni pueden serlo legalmente. En conformidad con el artículo 4 de la Ley N° 28592 (2005), los “miembros de grupos subversivos” y sus familiares son automáticamente descalificados como víctimas y no pueden inscribirse en el Registro único de víctimas (RUV) que abre el acceso al programa de reparaciones estatales. La implementación de las reparaciones muestra aquí contradicciones y fisuras. Como caso límite, la gestión del entierro de los presos de la matanza de El Frontón pone en tensión el enfoque humanitario de esas políticas, exhibiendo sus limitaciones y ambigüedades.

Para cerrar, el pánico moral desatado ilustra más las dificultades de la sociedad actual para incorporar deudos incómodos, y menos el pasado del conflicto armado o el “rebrote terrorista”. Plantea un tema crucial por resolver en el sinuoso camino hacia un país que busca reencontrarse. Asimismo, el concepto de postconflicto queda pendiente. ¿Representa realmente una amenaza para la seguridad nacional el que haya quienes recuerden a sus muertos de El Frontón, llamándolos “mártires” pero sin pregonar actos de violencia sino pidiendo amnistía general? Es probable que la prohibición de velar a sus difuntos del modo como decidieron hacerlo, el furor con el cual se busca derrumbar el mausoleo que construyeron y el impedimento del duelo público de los familiares, solo fortalezca el martirologio de la comunidad emocional “filosenderista”. Alimenta la victimización. Con la histeria mediática desatada, algunas personas fueron literalmente hostigadas. Pienso hoy en las hijas, niñas cuando fallecieron sus parientes, que siguen estigmatizadas como “terrucas”. Como Adela H. quien por no aceptar retirar del mausoleo -donde por fin había logrado enterrar- a su padre ejecutado cuando tenía ocho años, acabó despedida de su empleo y sufrió un derrame cerebral luego de esa campaña difamadora. Tremenda herencia de la etiqueta terrorista y del “terruqueo” sin límite. Pero más allá de la falta de empatía – no digo hacia los senderistas, pero al menos hacia el dolor de familiares que también perdieron a sus seres queridos –, derrumbar el mausoleo es, sin lugar a dudas, un grave error político. Conlleva además el riesgo de dar argumentos a quienes vehiculizan la idea de que no se vive en una verdadera democracia.

Foto: El Comercio

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Valérie Robin Azevedo: Antropóloga, Universidad Paris Descartes / IFEA

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