Fuente: La República

Chávarry no puede convertir a la Fiscalía en una afilada chaveta.

Gonzalo Chávarry, fiscal de la Nación.
Gonzalo Chávarry, fiscal de la Nación.

El fiscal de la NaciónGonzalo Chávarry, ha amenazado al presidente de la República, Martín Vizcarra, con apuñalarlo judicialmente. En respuesta al pedido presidencial de que abandone el cargo –lo mismo que exige la abrumadora mayoría de ciudadanos, fiscales y jueces de todo el país– le ha notificado públicamente que tramitará 46 denuncias en su contra, de las cuales 43 se originan supuestamente en Moquegua.

Lo sucedido es inadmisible; a la declaración de un funcionario político, Chávarry ha respondido procesalmente, dándole un indebido contenido punitivo y político a los casos que dice tener sobre el presidente. El agravante de esta infracción reside en que, para lanzar su amenaza, Chávarry ha agrupado indebidamente procesos que no dependen de su despacho y que se encuentran en el ámbito del ejercicio discrecional y autónomo de fiscales, en cuya labor está prohibido de interferir.

De un plumazo, este desprestigiado funcionario ha usurpado la voz de varios fiscales y se ha convertido en su forzado e ilegal vocero. Ha transformado su opinión personal, la de un servidor denunciado por graves delitos, en la voz oficial del Ministerio Público. Sus palabras exponen a una fiscalía vengativa y prepotente, alejada de su misión institucional de obligada veracidad y justicia. A tanto no se había atrevido, por lo menos públicamente, su exjefa Blanca Nélida Colán.

El uso de la Fiscalía y de su cargo contra el jefe del Estado no es el primer acto condenable, pero sí el más grave. Hace días abrió investigación contra parlamentarios opositores al fujimorismo, acusándolos de comprar votos para impedir la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, respondiendo así al informe acusatorio del legislador Juan Sheput respecto a la denuncia constitucional presentada en su contra. Ha procedido, asimismo, a cambiar a los fiscales que le resultan incómodos, a él y al partido que lo protege, Fuerza Popular, cuya vocera acaba de aplaudir su trabajo.

Chávarry es un fiscal repudiado por los peruanos y por los suyos, es decir, los fiscales, que en otras circunstancias podrían estar en la primera línea de su defensa. Su punto de apoyo es el fujimorismo y sus partidos satélites, con quienes ha establecido un juego de protección mutua, y donde el respaldo político tributa a dos impunidades, la del mismo Chávarry y la de los líderes de Fuerza Popular, objetos de varias investigaciones; una lista que crece y que tiene en los primeros lugares a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez.

La Fiscalía debe ser protegida y rescatada. Chávarry no puede seguir envileciéndola. El abuso de autoridad que acaba de ejecutar no está dirigido, exclusivamente, contra el presidente de la República y los fiscales cuyo trabajo ningunea. Para los ciudadanos es un poderoso ejemplo de que un funcionario deshonesto puede convertir una institución en un puñal vengativo para defenderse. La única salida es que el fiscal de la Nación renuncie, que se vaya y que empiece un nuevo tiempo para la Fiscalía.

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