Tomado de: La República

El striptease que todos vamos a gozar, por Augusto Álvarez Rodrich

Hacer realidad el acceso a la información del Estado.

Cuando es indispensable contar con todas las armas posibles para luchar contra la corrupción, se debe apoyar la propuesta legislativa presentada por el Ministerio de Justicia para empoderar y otorgar independencia a la Autoridad Nacional de Transparencia (ANT), la cual englobará a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, constituyendo una sola autoridad.

Si bien en el Perú existe, desde hace varios años, una norma que les permite a los ciudadanos solicitar a las distintas entidades del Estado información sobre sus actividades, y establece que las mismas tienen la obligación de entregárselas, en aplicación del principio de transparencia y acceso a la información pública, hay una cultura extendida que impulsa a negar los pedidos.

Por ejemplo, está el caso de una jueza que no fue ratificada por el corrupto CNM y que, cuando solicitó a esa entidad sus notas de la evaluación para saber en qué había ‘fallado’, le negaron esa información.

Cuando ello ocurre –lo cual sucede con mucha frecuencia–, no queda otro camino que recurrir al poder judicial, el cual, posiblemente, en unos cinco años, decida si esa entidad debe proporcionar la información pedida por ser de relevancia pública o individual para quien la pide.

La propuesta busca resolver las controversias en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Asimismo, la nueva entidad podrá decidir sobre desclasificación de información que permanece indebidamente oculta.

Esto se hará a través de un tribunal que será la última instancia administrativa para las solicitudes denegadas de acceso a la información y los procedimientos referidos a datos personales.

Esta iniciativa busca poner al día al Perú en materia de transparencia y acceso de la información, tal como ya ocurre en países que han realizado avances importantes en esta materia.

En 2016 se creó un organismo para esas tareas pero sin las facultades necesarias para efectivamente hacerlas cumplir, lo cual se corrige con la propuesta del ministerio de justicia.

Dicha propuesta incorpora los aportes realizados por el Consejo de la Prensa Peruana, la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Ojalá el congreso apruebe pronto esta iniciativa que implicará un verdadero striptease del sector público que va a ser celebrado por la lucha anticorrupción, el derecho del ciudadano a estar informado, y el deber de la prensa a informar a la gente.

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