Fuente: La República, 30 Jun 2018 | 5:44 h

Tiene razón Rosa María Palacios cuando dice que Keiko Fujimori ha emprendido una «carrera de prepotencia», con la que ha terminado de descubrir ese semblante autoritario e inescrupuloso que quiso disimular.

Lo ha hecho con tanta vehemencia y descaro que muchos de quienes le creyeron han tenido que reconocer con embarazo su error.

En efecto, las muestras sobran. El Congreso que controla ha levantado un área de prensa que —con recursos públicos— se dedica a destruir las honras de sus opositores y críticos. Este mismo Legislativo emplea a conspicuos montesinistas como agentes de seguridad, todos al mando de Walter Jibaja, un ex edecán de Alberto Fujimori capaz de lanzar amenazas de muerte por las redes sociales, que es mantenido en el cargo a pesar de todas las denuncias.

En alianza con el Apra y APP, su partido ha sacado adelante una ley que se venga de la prensa (una de las principales responsables de su segunda derrota electoral, en el imaginario de la eterna candidata de Fuerza Popular), sin preocuparse por las repercusiones en las cajas de ahorro municipales o en las pequeñas radios locales. Cuando el Presidente Martín Vizcarra anunció que pediría la inconstitucionalidad de la ley, Keiko Fujimori fue incapaz de disimular su fastidio por lo que pareció resultarle poco menos que un acto de rebeldía de un subordinado, y dijo que Vizcarra estaba siendo «mal aconsejado».

Su escasa intención de luchar contra la corrupción (si no su abierta alianza con ella) ha quedado al desnudo cuando arremetió contra el gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, elegido por Fuerza Popular, quien denunció a tres congresistas de su propio partido —Betty Ananculí, César Segura, Miguel Elías— y a uno de Peruanos por el Kambio —Alberto Oliva—, por pedir favores indebidos como el duplicado de un brevete falso. En lugar de apoyarlo y exigir una investigación rigurosa, Fujimori aseguró que Cillóniz le había «fallado a Fuerza Popular y a la región de Ica» y adelantó su venganza, anunciando que su candidato a gobernador lo investigaría (no a los congresistas acusados).

Este combo no estaría completo sin su empeño por controlar la educación pública, subordinándola al conservadurismo más angosto y rudimentario, sumado a un feroz esfuerzo por reescribir la historia, desguazando al Lugar de la Memoria e inaugurando parques temáticos para maquillar u obviar los abusos del gobierno fujimorista durante los años del terrorismo.

Pero uno sería un ingenuo si asumiera que el fujimorismo ha decidido lanzarse por la pendiente, jugando todas sus cartas a una derrota segura, sin haber previsto el evidente desgaste que esta carrera enloquecida terminaría produciéndole, y que se traduce en todas las encuestas como una caída de la popularidad y las posibilidades electorales de Keiko Fujimori. Tres años son muy pocos para recomponer una imagen tan venida a menos, devolviéndole frescura, simpatía y brillo, hasta convertirla en una alternativa electoral potable.

Llegado a este punto, a Fuerza Popular solo le queda un camino: redoblar la marcha de su escalada autoritaria, continuando el copamiento de las instituciones del gobierno —en especial de aquellas que rigen las elecciones— y lanzando nuevas iniciativas para bombardear el sistema democrático, con la idea de convertir la elección de 2021 en una pura pantomima que le permita a Keiko Fujimori competir en abierta ventaja, para así hacerse por fin con el poder esquivo. Ante esto debemos permanecer alertas.

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