Fuente: Miguel Ángel Quintanilla Fisac

Llevamos ya muchos meses de sobresaltos y cabreos a propósito del proceso independentista de Cataluña. Deberíamos hacer algo para acabar de una vez con el problema. Y para ello, lo primero es aclarar cuál es exactamente el problema.

Los separatistas creen que el problema es la violencia antidemocrática que ejerce el Estado Español sobre Cataluña. Ante tal situación su única salida sería la resistencia activa, la movilización social, la presión popular , mediática a internacional para subvertir el orden vigente y cambiarlo por otro en el que Cataluña sería una república independiente, integrada directamente en la Unión Europea, junto al Reino de España, pero no dentro de él.

Creo que este es el núcleo ideológico que aglutina a los nacionalistas catalanes que apuestan por la independencia. Y esto es lo que algunos españoles critican de los independentistas catalanes, se lo echan en cara y lo asumen como justificación para el encarcelamiento de los líderes secesionistas. En este error coinciden ambos bandos: unos quieren la independencia a cualquier precio y los otros quieren impedirla, con la ley en la mano. El resultado es que los delincuentes secesionistas se transforman en presos políticos y el Estado democrático se convierte en una dictadura.

Pero nadie parece dispuesto a aclarar una pequeña confusión: todo ese núcleo ideológico del independentismo catalán es perfectamente legítimo, es compatible con las leyes y los secesionistas tienen todo su derecho a manifestar su voluntad de separarse de España, si así lo quieren. La  cuestión no es esa, la cuestión es si lo que dicen y hacen viola las leyes que ellos mismos se han dado junto a todos los españoles , empezando por la Constitución Española y el Estatuto Catalán. Hay que decir con toda contundencia que el separatismo no es delito y los dirigentes separatistas no están en la cárcel por pedir la independencia de Cataluña, sino por utilizar las instituciones, la leyes y los recursos públicos de forma ilegal al servicio de su causa política.

Puigdemont está preso en Alemania no por ser el presidente electo de la Generalidad de Cataluña, sino por ser un prófugo de la justicia española que le acusa de violar gravemente las leyes democráticamente acordadas, sancionadas y promulgadas en un Estado de la Unión Europea. Puede discutirse si las medidas cautelares son más o menos severas y razonables. Personalmente yo preferiría una actuación judicial más templada, que nos hubiera evitado a todos los ciudadanos demócratas el espectáculo de  ver cómo un sainete político se transforma en una tragedia humana.  Pero en ningún caso pueden confundirse con medidas de excepción típicas de una dictadura, que deslegitiman al estado democrático.

No caigamos nunca más en la trampa de convertir en héroes a aventureros irresponsables. ¿Quieren la independencia? Vale, que se la ganen a pulso, convenciendo a la mayoría de los españoles, incluidos los catalanes. Pero que no jueguen más a ser héroes de novela de aventuras. Ya somos mayores para eso.

Onda Cero Salamanca 27/04201
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