Tomado de Noticias SER

Impunidad en la carretera…otra vez

La reciente caída a un abismo de un bus de transporte en Arequipa y la muerte de 44 personas es una tragedia que enluta nuevamente al país y confirma la incapacidad e indolencia de las autoridades y funcionarios encargados de la seguridad de los cientos de miles de personas que transitamos por las carreteras del territorio nacional. A la que se agrega, la irresponsabilidad y precariedad en la que operan muchas empresas de transporte que es uno de los sectores económicos que opera con mayor informalidad.

La indiferencia para dar solución a este grave problema encuentra explicación en la forma en la que el Estado y el sector privado consideran a las personas. Para un sector de funcionarios públicos, los ciudadanos somos datos estadísticos o nombres en algún registro; mientras para algunos “emprendedores”, somos una mercancía más cuyo valor está signado por la cantidad de dinero que pueden obtener de nosotros. La situación es mucho peor en el caso de la clase política, ya que para nuestros representantes y autoridades electas, solo importamos como electores y nada más.

En cualquier otro país, la muerte de 44 personas –a poco más de un mes del deceso de 52 en un accidente similar en Pasamayo- ya hubiera provocado la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones como principal responsable político, y se hubieran iniciado procesos de investigación administrativa y penal contra los funcionarios encargados y las empresas respectivas. Aquí, seguramente asistiremos al mismo circo de siempre en el Congreso de la República que convocará al ministro Bruno Giuffra, y luego se olvidará del asunto, garantizando la impunidad de los involucrados.

En Noticias SER creemos que evitar que los “accidentes de tránsito” sigan ocurriendo de forma regular y continúen enlutando a las familias, pasa por asumir que la primera responsabilidad del Estado y las empresas es respetar y garantizar los derechos de las personas. Quienes incumplen esta obligación no pueden seguir desempeñándose como funcionarios públicos ni deben contar con autorización para brindar servicios a la población. Y además, es necesario que la ciudadanía exija el respeto de sus derechos y cumpla con sus deberes.