Fuente: Contrapoder

Hace algún tiempo, en un debate en las redes sociales, la recién electa congresista de izquierda Marisa Glave para apoyar la validez de sus argumentos me lanzó un común marcador de autoridad, afirmando de que ella tenía una ¨educación exquisita¨ y que supuestamente mi educación, diferente a la de ella, haría de que yo no tuviese razón. Ese marcador de diferenciación social –con base a la educación-, ha sido prácticamente naturalizado en el Perú, y lo sucedido con la congresista es una pequeña muestra de como se construyen las relaciones jerárquicas y de desigualdad social entre los individuos.

El Perú es una sociedad desigual, y el racismo una expresión de un conjunto de prácticas aún venidas de la época de la colonia. Dado que sobrevive una ideología afirmada con el proceso de colonización a partir de la idea de la inferiorización del ¨otro¨ y la pretendida justificativa -también ideológica- de la superioridad de las razas propia del siglo XIX.

Con la fundación de la república, la ideología del positivismo se va a proponer modificar la realidad y con ello el comportamiento impreso en las relaciones sociales coloniales. Sin embargo, la ideología contrastada con la realidad terminó siendo una prédica en el vacío.

Ante la ausencia de materialización por medio de la aplicación de la ley, se pasó a la naturalización, que a diferencia de lo consuetudinario, éste último concepto es un conjunto de prácticas objetivas en la que se crea derecho, es decir, la costumbre es una fuente del derecho, ya la naturalización es el aspecto subjetivo, es la invisibilidad de la ideología en la que una serie de prácticas cotidianas nadie cuestiona o reflexiona por que orientan una creencia, una práctica o un comportamiento ¨natural¨.

Así, lo que resulta generalmente como algo ¨natural¨ no necesariamente es ¨consuetudinario¨, aunque los dos se justifican bajo el argumento de que ¨siempre fue así¨, hay una clara distinción práctica. En Perú se ha naturalizado el machismo, el sexismo, el racismo y otras prácticas que hacen parte de nuestro cotidiano y ¨siempre fueron así¨ pero por ser una práctica o una creencia común no necesariamente ha generado derecho.

Es más, en la naturalización de las prácticas mencionadas se esconde la ideología de la dominación, dado que en una sociedad desigual se busca establecer relaciones de poder. Un marcador de autoridad, -como es el caso de la señora Cabanillas-, la misma que recientemente agredió a un bebé e injurió racialmente a una señora humilde en un confuso incidente, es una pequeña muestra aleatoria que expone la envergadura y continuidad de este tipo de prácticas discriminatorias.

Ahora, la grosera justificativa de la agresora, de que ella sería la victima por ser más ¨morenita¨, sólo evidencia la cara oculta de la ideología del racismo en la se busca la diferenciación de clase en el país. En un país desigual, quienes ¨pueden¨, se esfuerzan por establecer marcadores de jerarquía a partir de la diferenciación racial o de cualquier otra naturaleza.

Esa frontera artificial entre la ¨chola¨ estigmatizada por el color ¨morenito¨ de su piel y la de cualquier ¨blanco¨, es un estigma o un marcador ad-infinitum que al mismo tiempo es estático, es insalvable e intransponible, dado que ¨la Chola¨, jamás podrá ser blanca, sólo y si se arrancase la piel. No solo la honra es afectada sino la propia auto-estima se descompone dada la situación de irreversibilidad.

En una sociedad donde no se quiere aceptar la ciudadanía; el derecho, termina condicionado a examinar la superficialidad. Dado que el racismo viene a ser la expresión de la desigualdad, una expresión de la relación de poder asimétrica entre sujetos, de ¨unos¨ frente a los ¨otros¨ que institucionalmente por sus prácticas “naturales” pueden delimitar trazos de ¨autoridad¨ frente a los ¨otros¨.

En Perú, aún estamos construyendo la ciudadanía. Es recién con la Constitución de 1979 que se totaliza el reconocimiento formal al derecho de los analfabetos a sufragar. Sólo hace tres décadas los peruanos adquirimos y completamos formalmente el status de ser ciudadanos con el reconocimiento de derechos al considerar y declarar que todos nosotros somos iguales delante de la ley.

Pero más allá del reconocimiento formal, la pregunta central es ¿por qué no se discute la desigualdad en sus diversas dimensiones? No se discute por que tanto la desigualdad, como la discriminación están naturalizadas en espacios públicos como privados, hacerlo implicaría cuestionar el status quo, lo que implicaría desnudarnos como sociedad, la misma que se afirma en el continuo histórico de que realmente no somos iguales delante de la ley, y donde el estado de derecho es sólo una ficción.

En todo caso, el derecho no aplicado nos hará recordar cuán desiguales somos como sociedad, ya el derecho aplicado sólo nos recordará que sólo podemos ser una sociedad democrática por la vía de la coerción. Sin educación no hay ciudadanía, la desigualdad se afirma y el derecho se torna inútil.